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A r t í c u l o s de
o p i n i ó n
Y al mismo tiempo, favoreciendo la actividad económica y la crea-
ción de empleo. Porque sólo donde hay empleo y oportunidades se
fija población. Sólo donde hay inversión, se avanza en la moderni-
zación y en oportunidades de futuro.
Lo que ha conducido a que hoy, en Castilla y León, contemos con
una sanidad pública de primera. Cercana a la gente, con 3.500
consultorios locales. Con el sistema educativo mejor valorado por
el informe PISA. Con escuelas abiertas con tres o cuatro alumnos
y conectadas en red en todo el territorio. Y con unos servicios so-
ciales y de dependencia merecedores de la máxima calificación.
Con teleasistencia avanzada gratuita y ayuda a domicilio de cuida-
dos personales y domésticos, y servicios de rehabilitación
Servicios que, sin excepción, están mereciendo las más altas valo-
raciones de entre el conjunto de Comunidades Autónomas. Y a los
que vamos incorporando nuevas prestaciones.
Apostando por políticas de conciliación, como el nuevo Bono Con-
cilia de 750 euros por hijo para ayudas de guardería o cuidadores.
Con el programa Crecemos para la atención de menores de 3 años
en los núcleos pequeños de población. Con la extensión del progra-
ma Conciliamos a todos los municipios. Y con actividades para
menores de 3 a 12 años en periodo de vacaciones para facilitar la
vida a las familias.
Con el nuevo bono rural gratuito de transporte a la demanda en más
de 5.000 localidades. Con ayudas para el acceso a la vivienda y el
alquiler a más de 12.200 hogares. Y con el programa Rehabitare,
para rehabilitar esta legislatura 500 viviendas en núcleos rurales y
sumarlas al parque público de alquiler.
Desde la Junta de Castilla y León, venimos haciendo los deberes.
Cumplimos con nuestra parte. Pero somos conscientes de que solo
por nosotros mismos, no podemos alcanzar la solución a todos los
problemas. Conocemos nuestras limitaciones. Y sabemos que ne-
cesitamos de Europa y, muy especialmente, del Gobierno de la
España.
Es necesario aprobar cuanto antes un nuevo modelo de financiación
autonómica. En línea con lo que firmamos en la declaración de
Zaragoza de 2018 las comunidades de Galicia, Asturias, La Rioja,
Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Que atienda al coste
real de los servicios, en base a los criterios demográficos, como la
baja o muy baja densidad de población, el envejecimiento y sobre-
envejecimiento, la extensión y la dispersión territorial. Nuevo mo-
delo de financiación autonómica, que deberá ver la luz, simultánea-
mente, con el de las entidades locales.
Un acuerdo suscrito entre Comunidades de distinto signo político,
a las que nos une el interés y la defensa de nuestros ciudadanos.
Al igual que el acordado en Albarracín, entre Aragón, Castilla-La
Mancha y Castilla y León, tras la reciente aprobación por parte de
la Comisión Europea, de las nuevas Directrices sobre Ayudas Esta-
tales de Finalidad Regional para el periodo 2022-2027.
Un trabajo conjunto de las tres comunidades que va a posibilitar
que empresas radicadas en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel,
puedan acceder a exenciones de hasta un 20% de sus costes labo-
rales. Similares a las ya existentes para las regiones más septen-
trionales de la Unión Europea.
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