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A R T Í C U L O S DE
O P I N I Ó N
do debe ser la colaboración entre lo público y lo privado. Es nece-
sario que existan espacios para lo público y para lo privado pero,
también, zonas comunes que permita a todos ser más eficientes.
Una colaboración que, con todos los aspectos que todavía se pue-
den mejorar, es uno de los éxitos que la sociedad española ha sa-
bido construir de forma conjunta en los más de 40 años de nuestra
democracia.
Cada día tenemos más ejemplos en los que la colaboración de la
iniciativa privada en, por citar un caso, la gestión de los servicios
públicos ofrece mejores resultados y mayores garantías a los usua-
rios, al conjunto de los ciudadanos. En ámbitos como la sanidad, la
educación, los servicios asistenciales o la gestión de determinadas
infraestructuras, entre otros. Un camino por el que debemos de seguir
transitando para avanzar como sociedad y modernizar nuestro país.
Es necesario, por tanto, un entorno institucional que fomente y
defienda la colaboración público-privada. Porque es la mejor garan-
tía de que la suma de voluntades se traduce en una gestión eficien-
te y eficaz.
La cooperación entre Administraciones y sector privado tiene un
papel irremplazable. Y es fundamental, también, para poder aprove-
char al máximo y de manera inteligente todo el potencial que ofrecen
los fondos de recuperación europeos, claves en el contexto actual.
Porque una cosa está clara: para que podamos seguir avanzando
juntos, debemos ser capaces de seguir trabajando juntos.
Por supuesto, dentro de esos espacios de colaboración es funda-
mental que se escuche la voz de la iniciativa privada. Y esa es, sin
duda, una de las tareas primordiales que desarrollamos desde
CEOE. Como portavoz del tejido empresarial español, participando
en los grandes debates que se suscitan a nivel nacional, defendien-
do los intereses de las empresas y los empresarios en todos los
ámbitos: ante el Gobierno, los partidos políticos o los sindicatos.
Actuando como una organización útil, transparente y con capacidad
de influencia. Desde la independencia, el sentido de Estado y la
lealtad institucional. En la búsqueda de acuerdos que nos permitan
mejorar la situación de las empresas y la vida del conjunto de los
ciudadanos.
En definitiva, cumpliendo con el papel que la Constitución otorga a
las organizaciones empresariales en su título preliminar, en concre-
to, en el artículo 7, como pilar fundamental dentro del Estado por
nuestro carácter asociativo y vertebrador del tejido productivo.
Una relevancia que queda clara también en otros puntos de la
Carta Magna, como el artículo 131.2, donde se nos reconoce la
función de colaborar con el Gobierno en la planificación económica
de España.
Es necesario un entorno
institucional que fomente y
defienda la colaboración
público-privada
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