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El sistema de protección social
logra reducir la pobreza en un
50%, capacidad muy limitada
respecto a los países del
entorno
profundas y persistentes desigualdades en la renta disponible o el
elevado riesgo de pobreza o exclusión social, que pese al crecimien-
to económico no da muestras de reducirse significativamente.
En general, la situación social solo da muestras de mejora si habla-
mos de protección social o de inclusión, pero no se han superado del
todo las secuelas sociales de la crisis, ya que se mantienen niveles
de pobreza monetaria altos, y en especial, la que afecta a los meno-
res y jóvenes (en torno al 28%). Todo ello es reflejo de las persisten-
tes desigualdades en el mercado de trabajo conjuntamente a la li-
mitada capacidad de las políticas públicas para reducir la pobreza.
El sistema de protección social logra reducir la pobreza en un 50%,
capacidad muy limitada respecto a los países del entorno, especial-
mente evidente en las situaciones más extremas de vulnerabilidad
social como desempleados, extranjeros o familias monoparentales.
La Memoria nos habla pues, como punto de partida para erradicar
lo anterior, de superar vulnerabilidades en el ámbito del mercado
de trabajo, la productividad y, por supuesto, la desigualdad. Aunque
el promedio de empleo se sitúa en los 19,3 millones de personas,
este está todavía por debajo de antes de la crisis (20,6 millones en
2007). Destaca especialmente el mayor impacto de la crisis entre
los jóvenes, con una tasa de empleo aun inferior a antes de la crisis
y, por contra, con una temporalidad muy por encima de la de antes
de la crisis: 85% en el tramo 16-19 años, y 70% en 20-24.
Esta situación, como pone de relieve nuestra Memoria, evidencia
la necesidad de nuevos instrumentos para reducir la elevada tem-
poralidad en general, pero sobre todo en los menores de 30 años.
Algo que requiere de una mayor inversión en políticas activas de
empleo, pues según recoge la Memoria, los recursos destinados a
políticas activas descendieron en un 25,2% y se sitúan por debajo
de la media de la UE-28. También aparece como necesario el afron-
tar un cambio demográfico que se proyecte en la gran mayoría de
las políticas de protección social. La situación actual dibuja un
panorama en el cual la feminización de la vejez hace llegar a esta
etapa las desigualdades de ingresos presentes en la sociedad ac-
tual, fruto de los desequilibrios de la crisis y derivadas de la brecha
de género en edades activas. Este es otro de los grandes retos de
nuestro país si hablamos de desigualdad: superar la brecha de
género que se hace más profunda, si cabe, superando el 35%,
cuando hablamos de pensionistas. Además, en la memoria se cons-
tata que el medio rural presenta un mayor desequilibrio demográ-
fico que el urbano, debido fundamentalmente al problema del des-
poblamiento.
Los flujos migratorios, factor determinante del crecimiento de la
población, denotan un rápido aumento de la inmigración tras su
caída durante la crisis. Es posible por ello afirmar que la población
inmigrante está contribuyendo a atenuar el envejecimiento demo-
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