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R defensa de los derechos de los ciu-
«España sigue viviendo en pleno dadanos y de la independencia judi-
cial se antojan como básicos, como
siglo XXI un diseño judicial más por los principios de su actuación
propio de finales del siglo XIX» explicitados en el art. 124. 2 CE, en-
tre los que el de imparcialidad, se
revela como de especial importancia
al alejar al Fiscal de cualquier posi-
cionamiento político o política coyun-
tural concreta o partidista. El diseño
constitucional del 1978 operado por
la CE alejó deliberadamente al Minis-
terio Fiscal de su posicionamiento
tradicional de órgano de representa-
ción del Gobierno ante los Tribunales
o de órgano de comunicación del
mismo con éstos. Sin embargo el
fantasma de esa vinculación del MF
con el Ejecutivo, articulada por la
Pág. 248 designación del Fiscal General del
Estado, ex art. 124.4 CE, por el Go-
bierno, si bien intervienen en audien-
cia no preceptiva el CGPJ y la Comi-
sión de Justicia del Congreso de los
Diputados, conectándolo con el prin-
cipio de dependencia jerárquica, si-
gue perviviendo tanto políticamente
como en el imaginario mediático y
ciudadano, dañando de manera im-
portante la credibilidad de la institu-
ción, y dado el rol constitucional de
ésta, al propio sistema de la Justicia.
Por todo ello y al igual que he indica-
do respecto del CGPJ, debería re-
flexionarse, siempre con el mayor y
ponderado de los consensos, acerca
de la reforma del sistema de desig-
nación del FGE, se apunta una mayo-
ritaria corriente de opinión que su-
giere su designación parlamentaria,
lo que obviamente no impediría un
ámbito de hipotética politización,
véase el malhadado ejemplo del
