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A r t í c u l o s de
o p i n i ó n
Estado o sector privado. Incluso, descubrimos zonas en las cuales podían sumarse esfuerzos de los dos sectores para desarrollar estas áreas
estratégicas, como alianzas público- privadas, concesiones en obras de infraestructura reembolsables en el largo plazo, y la definición de
marcos regulatorios adecuados para canalizar la inversión privada hacia el desarrollo de servicios públicos en comunicaciones, agua y energía
eléctrica.
Así mismo, se implementaron mecanismos de focalización social de subsidios públicos, para hacer más eficiente la acción del Estado en
materia de salud, educación, vivienda y, en el caso particular de Colombia, sustitución social de cultivos ilegales. La regla que tuvimos en
cuenta derivaba de la afirmación clásica de «mercado hasta donde sea posible, intervención estatal hasta donde sea necesaria».
Como desarrollo de esta nueva forma de relación se acordó un Pacto Social, a través del cual empresarios, trabajadores, organizaciones
no gubernamentales y voceros del sector solidario de la economía, como las cooperativas, iniciaron una tarea de construcción conjunta
de un «modelo alternativo de desarrollo» funcional al propósito de mejorar la competitividad internacional de la economía.
Del diálogo social para la competitividad resultaron propuestas muy positivas, como el diseño de cadenas sociales de valor para mejorar la
participación en las utilidades finales de sectores, como el agro campesino productor de alimentos. Durante tres años, gracias al Pacto, se
alcanzaron importantes resultados en materia de productividad sectorial, salarios y precios.
El primer objetivo del diálogo fue la concertación de unos niveles esperados de inflación, que permitieran reducir el problema de la indexación
de la economía que, durante muchos años, había «amarrado» los precios de algunos bienes y servicios básicos a los índices generales de
inflación. Se creaba así un círculo vicioso en que los precios subían por el ascensor, mientras que los salarios y los ingresos lo hacían por las
escaleras.
Así, se divorciaron de los índices generales de precios los intereses bancarios, las tarifas de servicios públicos, el costo de la gasolina, el
transporte público, las matrículas y pensiones educativas, los arriendos y los precios finales de los medicamentos. La «desindexación» de
la economía permitió establecer bases más objetivas para la fijación de los niveles salariales, que comenzaron a incorporar el factor
«productividad» como parte de la competitividad internacional.
Durante el tiempo que duró el Pacto Social, se redujo el aumento inercial de los precios con efectos positivos sobre la estabilidad macroeco-
nómica, se avanzó en materia de inclusión social gracias a la regulación de los costos de ciertos bienes y servicios sociales básicos, y el país
se preparó sectorialmente para el desafío de competir internacionalmente, como lo hizo con tasas de crecimiento de 3.5%, superiores al
promedio regional del 2.9%.
El diálogo social, que nació del Pacto Social, al incorporar nuevos actores y plantear una agenda nacional, dejó claro que el reto de la inter-
nacionalización de la economía mundial debe ser enfrentado como un «desafío de país», y que el diálogo debe ampliarse en sus objetivos y
sujetos. •
La «desindexación» de la economía permitió establecer bases más
objetivas para la fijación de los niveles salariales, que comenzaron a
incorporar el factor «productividad» como parte de la
competitividad internacional
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