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UNA TRANSICIÓN JUSTA
QUE BENEFICIE A LAS
PERSONAS Y AL
TERRITORIO
Teresa Ribera. Vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
Garantizar una transición justa para personas y territorios ha
sido el objetivo del gobierno español desde que en 2019 se presen- Queremos que el proceso de
tó el marco legislativo de energía y clima donde se marca el camino
a seguir para una descarbonización completa en el año 2050. En descarbonización de la
otras palabras, queremos que el proceso de descarbonización de la
economía y, más en general, la transición ecológica, sea definida e economía y, más en general,
implementada de la mano de la generación de empleo.
la transición ecológica, sea
Durante décadas, la regulación ambiental –imprescindible para definida e implementada de la
cuidar nuestros ecosistemas, nuestra salud y nuestro futuro– se ha
confrontado con los posibles impactos en el empleo, y más concre- mano de la generación de
tamente, para colectivos y territorios en el corto plazo. Se genera-
ba, por tanto, un espacio complejo para la gestión de esta transfor- empleo
mación. Nuestro objetivo es romper con esta forma de pensar y de
actuar.
Por ello, junto con el Plan Integrado de Energía y Clima y la Ley de
Cambio Climático y Transición Energética, se presentó la Estrategia
de Transición Justa. Los tres documentos actúan como pilares que
guían la política energética y climática de España. Las necesidades
de justicia social vinculadas a la transición energética pasan al
máximo nivel estratégico y ya no se consideran actuaciones aisla-
das, sino un principio rector de toda la transición ecológica.
La propia Estrategia de Transición Justa reconoce que la transición
energética hacia una economía descarbonizada tendrá impactos
que recaerán con especial intensidad sobre determinados grupos
de población en áreas geográficas concretas. Y, por ello, establece
como objetivo principal maximizar las ganancias sociales de la
transformación ecológica y mitigar los impactos negativos que esta
pueda tener sobre determinados territorios y personas, sin que
nadie se quede atrás.
Las políticas de transición ecológica y energética sólo contarán con
el apoyo de la ciudadanía si se demuestra que sus dificultades han
sido identificadas y adecuadamente abordadas. Esto es imprescin-
dible si pretendemos que la transición vaya de la mano de la justi-
cia social, entendiendo también que no habrá justicia social sin
políticas ambiciosas de descarbonización.
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