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HACIA UNA POLÍTICA
INDUSTRIAL DE VIVIENDA
QUE PROTEJA A SUS
TRABAJADORES
Isabel Rodríguez García. Ministra de Vivienda y Agenda Urbana.
España, como casi todos los países occidentales, atraviesa una En torno a este déficit estructural, la situación se ve agravada por
crisis de acceso a la vivienda. No se trata de una crisis puntual, sino el auge de los alojamientos turísticos y de temporada, el uso espe-
de una transformación estructural del modelo residencial. En toda culativo de la vivienda y la mercantilización de la misma, factores
Europa, y con especial crudeza en España, el acceso a una vivienda que priorizan la rentabilidad financiera por encima de la función
digna, un derecho consagrado en el artículo 47 de la Constitución, social de la vivienda. Además, el retroceso histórico del sector
se ha convertido para un amplio sector de la ciudadanía en un ho- social de la vivienda, fruto de la privatización de 2,4 millones de
rizonte inalcanzable, consolidando una nueva división de clase viviendas protegidas durante el periodo democrático, dejó al sector
entre quienes acumulan propiedades y quienes solo pueden aspirar público sin capacidad para equilibrar el mercado. El resultado es
a un alquiler precario. bien conocido: alta sobrecarga del alquiler, una edad de emancipa-
ción elevada y una creciente desigualdad.
Las causas son complejas y multifactoriales. Por un lado, más de
una década de parálisis constructiva tras la burbuja inmobiliaria de Frente a esta crisis, el Gobierno de España ha asumido la respon-
2008, sumada al incremento de los costes de construcción, la es- sabilidad de revertir esta herencia y cambiar el paradigma de las
casez de mano de obra cualificada y la baja disponibilidad de suelo políticas públicas de vivienda. Actualmente, la vivienda ha pasado
finalista, ha creado un desajuste entre oferta y demanda, que pre- a ser el principal problema para la ciudadanía y, por ello, el Gobier-
siona los precios al alza. Este desajuste se ha visto agravado por no la ha convertido en su primera ocupación. La creación de un
una presión demográfica sin precedentes: desde la pandemia, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana no fue un gesto simbólico,
número de hogares ha crecido en casi 900.000 y la población espa- sino la declaración de una prioridad de Estado: consolidar la vivien-
ñola ha alcanzado el récord de 49 millones de personas. El resulta- da como el quinto pilar del Estado del Bienestar. Si España y su
do es un déficit de vivienda que el Banco de España estima en una ciudadanía fueron capaces de levantar y consolidar un modelo so-
horquilla entre 400.000 y 450.000 unidades. cial sobre los pilares de la sanidad, la educación, las pensiones y la
dependencia, el reto hoy es construir ese quinto pilar en torno a la
vivienda.
El acceso a una vivienda
digna, un derecho
consagrado en el artículo
47 de la Constitución, se ha
convertido para un amplio
sector de la ciudadanía en
un horizonte inalcanzable
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