Page 92 - Tendencias 2019

T E N D E N C I A S
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laborales y sociales. Segundo, la problemática de las zonas afectadas por cierres o deslocalizaciones graves. Y tercero, los condicionantes de
los territorios con grandes retos demográficos.

Transición ecológica

Castilla y León es una de las Comunidades que más contribuye a la lucha contra el Cambio Climático. Somos la primera productora de España
de energías limpias y el territorio cuyos bosques y cultivos tienen más valor como sumideros de carbono. Nuestra Estrategia de Eficiencia
Energética plantea un objetivo de reducción de emisiones de CO2 12 puntos más ambicioso que el de España y la Unión Europea. Estamos
volcados en construir un futuro energético sostenible. Pero sabemos que la transición a ese futuro tiene costes sociales y territoriales. Y que
por ello ha de ser ordenada, equilibrada y justa, y contar con impulsos públicos que trasmitan certidumbre y no inseguridad.

Resultan, por ello, muy desacertados los anuncios y gestos alarmantes del Gobierno de la Nación en relación con los vehículos con motores
de combustión, que han producido efectos negativos en varios sectores estratégicos para Castilla y León: la industria del automóvil (que
supone un cuarto de nuestro PIB industrial, el 50% de nuestras exportaciones, 35.000 empleos directos y cerca de 75.000 indirectos); el
sector agrario (con uno de los parques de maquinaria agrícola más importantes de España); el transporte (en la Comunidad española más
extensa, cuyo territorio es mayor, por ejemplo, que el de todo Portugal), y la parte del sector servicios vinculada a la venta y mantenimiento
de automóviles. Parece claro que debería establecerse una planificación realista y responsable que propicie la adaptación empresarial me-
diante las pertinentes líneas de incentivos, promueva inversiones en las infraestructuras de recarga eléctrica y traslade la existencia de una
adecuada coordinación entre las políticas medioambiental e industrial.

Y qué decir del sector energético. La transición justa que en este ámbito preconizaba la Comisión Europea, para atender al impacto social de
los cierres de minas y centrales y acompasarlos a la creación de nueva actividad económica y empleo, se ha convertido ante nuestros ojos en
una carrera enloquecida, en un proceso acelerado de liquidación y cierre, sin estar preparadas aún las alternativas necesarias. La comparación
con lo acontecido en Alemania resulta, desde luego, odiosa. Ante tales hechos consumados, sigue siendo esencial el impulso de un Plan Es-
tatal de Alternativas para las Comarcas Mineras que evite, en el caso de Castilla y León, el colapso económico de un 10% de nuestro territo-
rio. Plan que debería integrar y coordinarse con el de Dinamización Económica de los Municipios Mineros acordado en nuestra Comunidad en
2016; incluir la previsión de nuevos proyectos industriales (en especial de energías limpias, como el de biomasa que está apoyando la Junta
de Castilla y León en Cubillos del Sil, o como los proyectos de centrales de bombeo, que tienen también valores medioambientales añadidos);
y que debería prever la prioridad de las zonas afectadas en la aplicación de determinados fondos europeos.

Cierres y deslocalizaciones

Estrechamente vinculado con el anterior, otro de los grandes retos del momento actual es la lucha contra las deslocalizaciones. En Castilla y
León hemos comprobado la eficacia de contar con un protocolo específico para crisis empresariales pactado en nuestro Diálogo Social; con
el asentado funcionamiento de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo, y con una fuerte implicación por
parte de los responsables políticos en casos como el que hace unos meses vivimos con la deslocalización de Vestas.

Desde el punto de vista de la prevención, sería esencial una reacción por parte de las instituciones europeas. Muchas deslocalizaciones
vienen determinadas por circunstancias que, en un contexto de globalización, exceden las fronteras: competencia injusta de terceros países
(productos fabricados con menores exigencias laborales, sociales y medioambientales que en la Unión Europea, con mayor permisividad y,
por ello, con menores costes), barreras comerciales (arancelarias y no arancelarias)… Esto hace que algunas empresas traten de eludir tales
desventajas deslocalizando carga de trabajo o centros productivos completos hacia países más laxos o más proteccionistas.

Resulta difícil entender que en un mercado como el europeo, muy exigente con los requisitos que han de cumplir los procesos productivos,
puedan venderse libremente productos fabricados en terceros países sin tales exigencias. Se comete así el doble error de incentivar el in-
cumplimiento de tales estándares por parte de esos países y de penalizar a los productores europeos, invitándolos a deslocalizarse. Estaría
más que justificado, por ello, que la UE adoptara medidas para desincentivar las deslocalizaciones y penalizarlas cuando se produzcan. De-
fendiendo a nuestras empresas y trabajadores no a través de medidas de proteccionismo frente a la competencia exterior, sino medidas de
defensa comercial frente a prácticas desleales, que sitúen a los productos europeos en igualdad de condiciones con sus competidores, y
penalicen aquellos productos que no cumplan con las reglas de juego básicas en el territorio de la Unión.

Más allá de la prevención, es preciso hacer frente a los efectos de las deslocalizaciones una vez se producen. Esa es la finalidad de los pro-
gramas territoriales de fomento impulsados en Castilla y León para zonas con especiales necesidades de reindustrialización como Miranda
de Ebro (Burgos), Villadangos del Páramo (León), Béjar (Salamanca) o Benavente (Zamora). Su objetivo es fomentar la actividad económica y
el desarrollo empresarial a través de medidas de simplificación administrativa, facilidades de acceso al suelo industrial, actuaciones de finan-
ciación y, en su caso, medidas relativas a las necesarias conexiones logísticas (ramales ferroviarios). Es imprescindible, además, la colabora-
ción de todos los niveles de gobierno. Más aún cuando planteamos la necesidad de infraestructuras de gran alcance, como las del Corredor
Atlántico, incluida su ampliación desde Palencia, León y Ponferrada hasta los principales puertos gallegos y asturianos, tan importante para
todo el Noroeste de España. Un cuadrante cuyos territorios comparten dos condiciones relacionadas entre sí: una menor dotación de infraes-
tructuras de comunicación y logística, y una peor evolución de sus indicadores demográficos.

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