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SERVICIOS PÚBLICOS:
¿CREPÚSCULO O NUEVO
AMANECER?
Julio Lacuerda Castelló. Secretario general de FeSP-UGT.
La conclusión más evidente que podemos sacar de estos últimos
meses es la defensa de los Servicios Públicos como principal he- La conclusión más evidente que
rramienta para garantizar y cubrir las necesidades y expectativas
de la ciudadanía. Por ello, deben ponerse en valor en el denomina- podemos sacar de estos
do «pacto por la reconstrucción social y económica» y la distribución
de los fondos europeos, bajo el prisma de la reforma, potenciación últimos meses es la defensa de
y desarrollo.
los Servicios Públicos
Dice Antonio Machado, que «es de necios confundir valor y precio».
Una máxima que define a la perfección la consideración y trata-
miento que los Servicios Públicos deberían tener en el presente y
futuro más inmediato, pues cuando hablamos de Servicios públicos
(sanidad, educación, justicia, servicios sociales, servicios a la co-
munidad, correos, sector público empresarial, etc.) debemos tras-
cender de los meros números y cifras.
Porque, si sólo atendemos a la cantidad y ponemos precio a nuestro
estado social de bienestar, construiremos una sociedad en la que
dará miedo vivir (algún ejemplo hemos tenido durante la pandemia
que aún hoy colea). Ya hemos pasado por ello en el periodo 2010-
2018 y hemos padecido las consecuencias desde entonces (¡de
aquellos polvos estos lodos!). Por eso ha llegado la hora de cambiar
la orientación, para evitar la mercantilización de los Servicios Pú-
blicos.
Efectivamente, las múltiples vicisitudes de los últimos meses nos
han hecho ver de forma contundente que vivimos en un periodo de
violenta transformación política, económica y social que ponen de
manifiesto nuestra vulnerabilidad. En consecuencia, reivindicamos
el papel del Estado y los Servicios Públicos, frente al poder abso-
luto del mercado.
Sin Estado y Servicios Públicos no hay redistribución de renta, no
hay igualdad de oportunidades, ni un crecimiento armónico y un
desarrollo sostenible. Sin Estado no hay investigación básica ni
enseñanza de calidad, ni sanidad, ni pensiones, ni justicia, ni igual-
dad de género, ni redistribución de la riqueza, ni protección de las
situaciones de riesgo. Sin Estado, en suma, la primacía de los más
fuertes impondría una sociedad que es radicalmente contraria a la
que aspiramos.
Y es que, si reconocemos que la ciudadanía tiene derecho a deter-
minados servicios públicos con carácter universal, quiere decir que
estamos señalando a unos responsables que deben satisfacer tales
derechos. Y no son otros que los poderes públicos representativos,
pues no hay otra forma de interpretar un derecho de estas carac-
terísticas, salvo que sea una burla.
El estado social establecido en la Constitución constituye la base
para evaluar las políticas a desarrollar, si bien, son necesarias más
acciones estructurales a fin de fortalecer los derechos sociales y la
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