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economía con bajas emisiones en carbono y digitalizada, y hacer
frente a los requerimientos cambiantes de los puestos de trabajo.
Nuestro objetivo debe ser que la ocupación y la formación vayan
de la mano.
Sabemos que cada día surgen nuevos empleos que requieren nue-
vas cualificaciones y nuevos sectores de actividad de la mano de la
digitalización y las nuevas tecnologías. Es un reto, pero sobre todo
es una oportunidad donde los límites no están escritos, ni para las
empresas ni para las personas trabajadoras.
El Gobierno de España entiende que invertir en las capacidades de
las personas para formarse, reciclarse y apoyarlas en las diversas
transiciones que afrontarán en el curso de su vida es fundamental
para acometer los desafíos futuros en el mercado de trabajo y no
dejar a nadie atrás. Los Gobiernos podemos y debemos definir po-
líticas audaces para generar un crecimiento económico inclusivo
rico en empleos de calidad. Debemos movilizar los recursos e inver-
siones suficientes, para promover la adquisición de competencias
y habilidades como responsabilidad compartida entre los gobiernos
y los interlocutores sociales.
Se prevé que, en 2020, 756.000 trabajos no se cubran en la UE
solamente para el sector de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs). Una cifra que da idea de la envergadura del
desafío. Por ello, el Ministerio de Trabajo que dirijo ha elaborado un
plan para parados de larga duración y otro por el empleo joven, dada
su mayor vulnerabilidad, con políticas activas para su recualifica-
ción y el fomento de su movilidad y presupuestado en más de 2.000
millones euros.
Sin embargo, el problema es complejo y no pasa exclusivamente
por el refuerzo de las habilidades, competencias y calificaciones. En
España, cuando analizamos las causas de las carencias en el siste-
ma educativo, nos encontramos con un problema multidimensional
que entronca con la pobreza y la desigualdad.
Los hogares más pobres son los que tienen mayores tasas de aban-
dono escolar. Un abandono escolar que dificulta la inserción laboral.
También desde esta óptica, se necesitan políticas activas capaces
de atajar los déficits de educación acompañadas por políticas pa-
sivas y el reconocimiento de pisos de protección social.
Porque al igual que no podemos responsabilizar al alumno del fra-
caso escolar, tampoco podemos responsabilizar a las personas
trabajadoras de la carencia de competencias para el mercado de
trabajo del futuro. Corremos el riesgo de estigmatizar a las perso-
nas más vulnerables: los parados de larga duración, los mayores de
52 años, las mujeres y los jóvenes. Y ahondar en la brecha. Las
personas trabajadoras no pueden ser la «variable ajuste» de las
mutaciones que se producen.
El Servicio Público de Empleo Estatal, en colaboración con las Co-
munidades Autónomas, debe tener cada vez más en cuenta la
prospección de las nuevas competencias que se demandan, y que
serán probablemente claves en el mercado de trabajo futuro. Y
debemos apostar por la formación en todo su amplio espectro,
educativa y laboral; por una Formación Profesional con planes de
estudios adecuados a las nuevas necesidades del mercado en su
doble vertiente de títulos de FP y certificados de profesionalidad. Y
también de la Universidad, con diseños de planes de estudios que
puedan ser revisados y actualizados con la agilidad que requiere
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