Page 135 - Tendencias 2020

A r t í c u l o s de
o p i n i ó n

Desde el Gobierno gallego
hemos trabajado en una doble

vía: salvaguardar la seguridad y

la salud de las personas y

minimizar el impacto de la crisis
en el conjunto del tejido

empresarial

Hacienda gallega deja de ingresar 35 millones de euros cada mes
a través del Impuesto Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
y los tributos del juego.

Galicia es consciente de las dificultades que está atravesando el
tejido industrial, y por eso mismo es imprescindible que contemos
con un proceso de reactivación de la actividad económica seguro,
gradual y conocido en el tiempo, que proteja a las familias y a los
trabajadores, que dé un horizonte a los diferentes sectores econó-
micos y que cuente con la colaboración del resto de las administra-
ciones y agentes económicos y sociales. De esta forma, desde las
administraciones públicas debemos hacer un especial esfuerzo en
garantizar la liquidez de las empresas a corto plazo y garantizar su
viabilidad a medio y largo plazo. Para esto último hemos puesto en
marcha el Plan de digitalización con lo que prevemos la movilización
de 40 millones para abrir nuevas oportunidades comerciales, autó-
nomos y pymes a través de las nuevas tecnologías.

En definitiva, para alcanzar este objetivo es preciso que todos ca-
minemos en la misma dirección evitando incertezas e insegurida-
des. Y, sobre todo, aportando mayores garantías al tejido empresa-
rial, como una mayor flexibilidad en lo que se refiere a los ERTE para
los sectores productivos más afectados.

Y es que el compromiso con el empleo y compromiso con una reac-
tivación de la economía gradual y segura no es compatible con
darle la espalda a industrias claves para la economía gallega. Galicia
lo está padeciendo de forma abrupta con la industria electrointen-
siva, con el caso concreto de Alcoa: el futuro de miles de familias
gallegas de A Mariña lucense y de comarcas limítrofes está en pe-
ligro. Hablamos de 5.000 empleos directos que penden de un hilo
por falta de una política energética por parte del Gobierno de Espa-
ña. Galicia necesita que el Gobierno diga si quiere que España con-
tinúe produciendo aluminio o, por el contrario, prefiere dejar caer una
industria clave para nuestra economía y convertirnos en un impor-
tador más de este material. Los diferentes acontecimientos que se
han ido transcurriendo desde el año 2018 ponen de manifiesto que
el Gobierno central no ha querido asumir su responsabilidad de fijar
un precio eléctrico estable. Un precio clave para que empresas como
Alcoa puedan competir en igualdad con el resto de Europa, para
permitir la continuidad de la producción de aluminio primario y para
garantizar el mantenimiento de los empleos.

Galicia y España siguen sin conocer el borrador del Estatuto para
los consumidores electrointensivos que el Gobierno lleva prome-
tiendo desde hace más de un año y medio; tampoco concretó si

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