Page 33 - Tendencias 2020

A r t í c u l o s de
o p i n i ó n

El objetivo es regular aspectos tales como la provisión de viviendas
por parte de los poderes públicos como un servicio público de inte-
rés general, el blindaje de la función social que debe cumplir la vi-
vienda o establecer mecanismos para impedir la enajenación de los
parques públicos de vivienda, evitando prácticas del pasado que no
podemos permitir que vuelvan a repetirse.

En esta misma dirección, estamos desarrollando actuaciones para
obtener más información acerca del mercado de la vivienda en al-
quiler y de las características de la demanda, para dotar de trans-
parencia a este mercado. Con tal fin, en breve presentaremos los
resultados del Sistema Estatal de Índices de Referencia del Precio
del Alquiler de Vivienda.

También vamos a desarrollar líneas de trabajo para establecer
nuevas herramientas con objeto de ofrecer más datos sobre el al-
quiler que permitan un seguimiento más preciso y actual del mer-
cado, sobre la base de la mejora y digitalización de los procesos y
de la información disponible por parte de los diferentes agentes e
instituciones, siendo esencial la colaboración entre los diferentes
niveles de la Administración. El derecho a una vivienda digna es un
derecho nuclear del que se deriva el disfrute de otros derechos
básicos.

El segundo gran eje de la política del Mitma será nuestra «Estrate-
gia de movilidad segura, sostenible y conectada». Partimos de una
concepción de la movilidad como un derecho de los ciudadanos y
un elemento de cohesión social, de crecimiento económico y de
competitividad.

Concebimos la movilidad como una herramienta de la política eco-
nómica general, ya que debe contribuir al crecimiento de la produc-
tividad, a la descarbonización y a la cohesión social. Con este pro-
pósito reorientaremos la inversión pública en materia de
infraestructuras de transporte, priorizando la seguridad, la conser-
vación, la movilidad cotidiana, la intermodalidad e introduciremos
la tecnología y la digitalización para el mejor aprovechamiento de
las infraestructuras existentes.

Los objetivos de la Estrategia de Movilidad se complementarán con
otras cuestiones transversales tales como la necesidad de gestio-
nar la creciente despoblación del mundo rural, el fomento del turis-
mo sostenible y el necesario impulso de una industria española
asociada a la movilidad descarbonizada.

Por lo que refiere a su implementación, las políticas de Movilidad
tienen un carácter transversal, ya que todas las administraciones
territoriales (Administración del Estado, Administración autonómi-
ca, Administración local) tienen competencias en materia de movi-
lidad. Por ello, se concibe con un «enfoque integrador» de todas las
acciones que desarrollen unas y otras, mediante los oportunos
instrumentos de coordinación y cooperación.

Dentro de la Estrategia de movilidad segura, sostenible y conecta-
da, uno de los puntos en los que estamos trabajando es en la ela-
boración de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Trans-
porte Urbano, cuyo anteproyecto prevemos poder presentar a
finales de este año.

Queremos que esta ley establezca normas y procedimientos claros
para seleccionar inversiones, fijar la financiación del transporte
público, resolver las inconsistencias del modelo viario, profundizar
en la normativa de seguridad, fijar principios y responsabilidad de

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