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La normativa técnica y legal, el desarrollo de la conciencia social y
medioambiental y, cada vez más, la escasez del propio recurso, ha
convertido la gestión del ciclo integral en una tarea de compleja.
Esta situación, que se ha agudizado en los últimos años, exige una
alta especialización y experiencia de las empresas gestoras y un
creciente uso de las últimas tecnologías. Independientemente de
las características, tamaño, agua de origen o instalaciones de las
que el municipio disponga.
En España, por ejemplo, las empresas operadoras de este tipo de
infraestructuras debemos garantizar que los ciudadanos disfruten
de un servicio de calidad, las 24 horas del día, los 7 días de la se-
mana y durante los 365 días del año. En países con menos nivel de
desarrollo y escasez de infraestructuras el nivel de compromiso es
otro y exige retos diferentes, como ser capaces, en primer lugar, de
crear las infraestructuras que faciliten garantizar el derecho huma-
no al agua potable y al saneamiento. Retos apasionantes y que
exigen grandes dosis de compromiso en ambos escenarios.
Vivimos un tiempo nuevo, donde todo cambia muy deprisa y en el
que cualquier organización debe identificar y abordar sin vacilación
lo importante, como premisa para prestar el mejor servicio a la
sociedad y para justificar su propia existencia. La gestión del agua,
al margen de planteamientos ideológicos, debe responder a los
retos que la sociedad demanda de forma clara que son, ante todo
la exigencia de un alto grado de eficiencia en la gestión cotidiana
que garantice la sostenibilidad del servicio en una triple dimensión:
social, medioambiental y económico-financiera.
La sostenibilidad social debe garantizar el acceso a los servicios a
todas las personas, independientemente de su situación económi-
ca, tal y como indica Naciones Unidas cuando habla de «asequibi-
lidad». Y es la propia ONU quien indica que no se debe dedicar más
del 3% de la renta disponible para hacer frente al pago de la fac-
tura del agua. El precio del agua en España hace que no lleguemos
ni al 1%. Además, y afortunadamente, en nuestro país los operado-
res de los servicios de agua urbana se han dotado desde hace
tiempo, y en colaboración con las Administraciones Públicas, de
mecanismos de acción social para garantizar que nadie pierde su
acceso al agua domestica por falta de recursos económicos. Son
medidas de todo tipo pero fundamentalmente se trata de bonifica-
ciones contempladas en la tarifa del agua y/o Fondos de Solidari-
dad. Según se recoge en el estudio «Sostenibilidad social en el
sector del agua urbana: situación y recomendaciones» elaborado
en 2016 por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua
Urbana y Saneamiento (AEAS), por la Asociación Española de Em-
presas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), junto con
la Fundación Economía y Desarrollo (ECODES), más del 90% de la
población española reside en municipios que disponen de estos
mecanismos. La cifra de beneficiados llega al 1,2% de los usuarios. Desde un punto
medioambiental, el reto de
Desde un punto medioambiental, el reto de los operadores es el de
utilizar los recursos a su disposición de forma eficaz, garantizando los operadores es el de
su sostenibilidad a largo plazo (embalses y ríos, acuíferos…) y,
utilizando criterios de economía circular, reducir al máximo el im- utilizar los recursos a su
pacto medioambiental de su actividad mediante mecanismos de
reutilización de aguas residuales depuradas y de los subproductos disposición de forma eficaz,
del proceso de depuración como son el biogás y los lodos de depu-
ración. garantizando su
sostenibilidad a largo plazo
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