Page 79 - Tendencias 2020

A r t í c u l o s de
o p i n i ó n
Es difícil que una empresa
emprenda nuevas inversiones,
que son la base fundamental
del despegue de la actividad
económica, si desconfía de
cuál será el escenario
económico o político futuro
77
Garantizar una estabilidad normativa, evitando virajes bruscos en
la legislación o la vuelta atrás en las reformas estructurales que
han demostrado ser útiles y que han dado buenos resultados en los
últimos años, hasta la llegada de esta crisis del COVID-19, es otra
expresión de lo que consideramos seguridad jurídica.
Esto nos lleva directamente a hablar de la necesidad de garantizar
que las iniciativas legislativas que se adoptan para enfocar la re-
construcción, y en general en el marco de la política económica,
cuenten con el necesario consenso y el diálogo social.
No hay o no debería haber otro camino que llegar a acuerdos que
nos ayuden a salir de la crisis. Quizás en estos días estemos infra-
valorando la importancia de los acuerdos o de los pactos, y puede
que los estemos viendo más como concesiones en términos de
ganadores y perdedores, que como logros colectivos.
Lo cierto es que el diálogo social ha demostrado ser la mejor in-
fraestructura de este país. Ha garantizado una paz social funda-
mental en los tiempos de crisis, y nos ha permitido adoptar refor-
mas vitales para la economía española. Es por ello que sería un
error dejar de lado este ámbito de debate y menospreciar los acuer-
dos que se puedan alcanzar.
¿Pero diálogo para qué? Es otra de las grandes preguntas que cabe
hacerse. Para concretar aún más, el diálogo va a ser más necesario
que nunca no solo para que, como decíamos, los cambios legislati-
vos se realicen de cara y no para sorpresa de las empresas y los
trabajadores en aras de la confianza.
En CEOE consideramos que ese diálogo debe propiciar, desde un
enfoque más proactivo y no tanto defensivo, un clima favorable a
la empresa, a la generación de actividad y empleo. De nuevo, esto
no es otra cosa que, además de fomentar un entorno predecible
para poder planificar las actividades empresariales sin miedo, con-
tar con un entramado legal y administrativo que facilite dicha pla-
nificación.
Quiero hacer un alto en este camino para recordar que la medida
más importante a la hora de afrontar la crisis económica sobreve-
nida por el COVID-19 ha sido la aplicación de los expedientes de
regulación temporal de empleo (ERTEs), que ha sido una forma de
hibernar el empleo en lugar de destruirlo.
Desde el inicio de la crisis del COVID-19, los interlocutores sociales
y el Gobierno estuvimos de acuerdo en que esta fórmula era la
mejor para ganar tiempo y lograr que, de vuelta a la normalidad (no
a la nueva normalidad), todos los empleos posibles volvieran al
punto inicial, y que las cifras de desempleo no se dispararan. Es
decir, conseguir que la crisis se convirtiera en un mero coste de
oportunidad.
En resumen, todos los agentes implicados hemos convenido que la
clave para evitar un mayor perjuicio por la economía y para la so-
ciedad en general, ha sido la aplicación de medidas de flexibilidad
laboral.
En tanto que los ERTEs han servido para salvaguardar empleo, en
último término también han logrado salvar gran parte del tejido
productivo, pese a que no se ha podido evitar el cierre de cientos
de miles de empresas. Esto quiere decir que, salvando el enfoque
puramente financiero y de gastos e ingresos de las empresas, esta
medida ha sido un facilitador para la planificación de las empresas.