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de los fondos y realizar una vigilancia de su eficiencia más efectiva.
Este ha sido, hasta ahora, uno de los puntos débiles de la aplicación
del PRTR en España: su dificultad para trasladar los fondos libera- Cada vez más estudios
dos a las iniciativas concretas de las empresas, y en especial a las
pequeñas y medianas, y traducirlas en proyectos con impacto visi- afirman que la robótica
ble en términos productivos y de empleo. Para solventarlo, una de no está cumpliendo
las actuaciones necesarias es otorgar un papel más activo a las
comisiones de seguimiento de los PERTE, con la participación de con su función de
los sindicatos.
complementariedad
De otro lado, es necesario crear un entramado legal e institucional
propicio para el desenvolvimiento de esta actividad industrial re- y acompañamiento
forzada. Y para ello es necesaria la aprobación de la Estrategia
Española de Impulso Industrial 2030, cuyo primer paso debe ser una al trabajo humano,
nueva Ley de Industria (que está en proceso de elaboración), des-
pués de más de treinta años desde que se aprobó la norma vigente sino que está siendo
en un sector que se moderniza a pasos agigantados y de manera
continua. Todo ello enmarcado en un Pacto de Estado para la Indus- sustitutiva
tria que concilie de manera expresa los intereses de todos los
agentes implicados y que ayude a vertebrar el sector aportando de
manera colectiva por la reindustrialización, la relocalización y la
formación en perfiles profesionales adecuados para trabajar en las
nuevas tecnologías que ya determinan la realidad productiva.
Una digitalización transversal e integradora
El proceso de transformación digital representa, hoy por hoy, el
principal vector de actividad de nuestra economía. No es algo
nuevo, pero sí se ha acelerado, de forma vertiginosa, desde la
irrupción de la pandemia. Un suceso que emergió numerosas vul-
nerabilidades, especialmente en términos de brecha digital, tanto
de personas trabajadoras como de empresas, patronales y ciuda-
danía en general.
La digitalización impacta de forma profunda y capilar en nuestro
sistema de relaciones laborales, en nuestra forma de trabajar y en
el empleo en general. Así, coinciden en esta revolución digital una
amalgama de tecnologías disruptivas nunca vista anteriormente
(robots, IA, conectividad 5G y fibra óptica, comercio electrónico,
cloud y edge computing, machine learning, drones, supercomputa-
ción, plataformas digitales, realidad virtual y aumentada, etcétera)
que, tanto por su número como por su capacidad transformadora,
modifican la organización y reparto del trabajo, a cambio de aumen-
tar la productividad y la capacidad competitiva de las empresas.
Sin embargo, la relación de todas estas tecnologías no siempre ha
sido amigable con el empleo y con las personas trabajadoras. La
primera piedra de toque, las denominadas plataformas digitales (en
un principio de reparto a domicilio, ahora ya presentes en otros
sectores) supusieron el mayor retroceso en condiciones laborales
que hemos registrado en décadas. Un control algorítmico abusivo
y extractivo, bajo una vigilancia y control extremo, sin transparencia
y deshumanizado, con unas retribuciones miserables y unas jorna-
das interminables, nos demostraron que una digitalización sin re-
gulación -y sin un contrapeso social- significa una amenaza muy
superior a cualquier beneficio. Gracias a la acción sindical de UGT,
que judicializó este ilícito, se logró que el Tribunal Supremo reco-
nociese la laboralidad de los riders, génesis de la actual ley y de la
nueva Directiva europea sobre la materia.
Otra consecuencia del binomio pandemia y digitalización fue el
auge del teletrabajo. El confinamiento nos permitió, primero por la
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