Jornadas de Acción Sindical organizadas por UGT FICA Castilla y León y la Fundación Anastasio de Gracia

El Presidente de la Fundación, ha intervenido en la clausura de las jornadas de Acción Sindical organizadas por UGT FICA Castilla y León y la Fundación Anastasio de Gracia en Segovia los días 20 y 21 de febrero, y ha criticado que las Asociaciones Empresariales utilizan la supuesta bajada de la productividad y la subida del absentismo como monedas de cambio para impedir avances sociolaborales.

A este respecto, ha advertido que la parte empresarial está empezando a utilizar en las mesas de negociación una supuesta bajada de la productividad y un supuesto incremento exponencial del absentismo como excusas para introducir contraprestaciones en la negociación de los convenios colectivos. Frente a esto, Mariano Hoya ha afeado estos argumentos de la patronal y ha insistido en que no son ciertos ya que los porcentajes de productividad como el de absentismo «son equiparables a los que registran el resto de países europeos».

Mariano Hoya ha recordado ante las y los delegados sindicales de UGT FICA Castilla y León que «solo con la negociación colectiva no se consigue reducir jornada en los convenios colectivos por la negativa de las patronales a traspasar esa línea roja suya». De hecho, «de los 54 convenios provinciales del metal, uno de los sectores más reivindicativos y beligerantes, solo se ha conseguido reducir una hora en diez años». Esta cifra demuestra que las patronales no quieren reducir jornada a través del diálogo social, por lo que «debe legislarse por ley y sin reducción de salario» porque “o se reparte el tiempo de trabajo o, con los procesos de digitalización y de robotización en los que ya estamos, no va a haber trabajo para todo el mercado laboral”.

También ha recordado que frente a los argumentos catastrofistas de muchos, «hemos pasado en cuatro años de un SMI de 650 euros a otro de 1.134 euros y no se ha hundido el mundo como pronostican cada vez que se produce un avance social o económico en nuestro país». Es más, ha señalado que «UGT ya se está planteando el cumplimiento de la Carta Social Europea en lo que se refiere a que el SMI debe ser el 60% por ciento del salario medio, es decir, 1296 euros, con catorce pagas».

Sobre el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) ha destacado el papel jugado por UGT FICA en la consecución del acuerdo, que no es sino la plasmación en el papel de lo que la Federación estaba negociando en sus sectores a través de la presión de las movilizaciones, como en Cádiz, Cantabria, Orense, etc., y de la presión en las mesas de negociación de nuestros convenios, en las que «hemos peleado por aumentar los salarios, por mejorar las condiciones de las personas trabajadoras a las que representamos», y por ello CEOE no ha tenido más remedio que buscar el acuerdo, con la diferencia de que, mientras para la patronal el V ANEC es el techo negociador, para la UGT es el suelo reivindicativo para, a partir de ahí, seguir mejorando. En esta línea, ha desvelado que el incremento del 4% para 2023, del 3% para 2024 y del 3% para 2025, plasmado en el V AENC «ya lo había arrancado FICA en sus mesas de negociación», y que la Comisión Ejecutiva Federal «no está dispuesta a firmar ningún convenio sectorial sin cláusula de revisión, con mayor o menor blindaje», ya que se trata de una condición sine qua non. Por ello, la totalidad de los convenios sectoriales estatales firmados en 2022 y 2023 «incluye cláusula de revisión salarial».

En relación al coste del despido ha considerado necesario abrir el debate sobre el bajo coste del despido en España, uno de los aspectos que quedaron pendientes de modificar de la reforma laboral del PP, y en concreto del despido improcedente sin causa, que anteriormente tenía una indemnización de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades, y hoy en día es de 33 días por año con tope de 24 mensualidades. Mariano Hoya ha recordado que UGT presentó en mayo de 2022 una demanda contra el Gobierno de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales porque la actual regulación de la extinción del contrato española vulnera la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la OIT, cuya resolución se está demorando en el tiempo y finalmente nos dará la razón y, a partir de ahí, se tendrá que analizar cada despido porque no estos no son iguales ni tienen las mismas consecuencias sociales, económicas y familiares.

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